Como ya es sabido, a partir del 21/08/2023, los vehículos pesados recién matriculados deben estar equipados con tacógrafo inteligente versión 2 (SMT2). Ha habido retrasos masivos en el suministro del SMT2, lo que hace imposible que una gran cantidad de camiones y autocares nuevos estén equipados con él.

A partir de hoy, las autoridades nacionales normalmente se negarán a registrar un vehículo que no esté equipado con un SMT2. Sin la intervención de los gobiernos, los operadores de transporte se enfrentarán a retrasos en la recepción de nuevos vehículos, lo que puede afectar materialmente a su planificación y, en consecuencia, a la capacidad de transporte de mercancías y pasajeros de la Unión Europea.

A través de IRU se ha enviado una carta a la Comisaria de Transportes de la UE solicitando su apoyo para recomendar urgentemente a los Estados miembros que proporcionen excepcionalmente un período de gracia hasta finales de 2023, durante el cual: los vehículos nuevos equipados con el SMT1 se aceptarán provisionalmente para su matriculación en paralelo a los vehículos equipados con el SMT2, siempre que estén equipados con el SMT2 al final del período de gracia, y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley no deben aplicar sanciones a los operadores de transporte por conducir vehículos matriculados después del 21/08/2023 con dispositivos SMT1 durante el período de gracia.

Según la información facilitada por los miembros de IRU, España y Suecia ya han concedido un periodo de carencia para el uso temporal de SMT1 y SMT2 en paralelo en vehículos nuevos hasta finales de año en el caso de España y hasta finales de enero de 2024 en el caso de Suecia. Sin embargo, para ser plenamente eficaz, la práctica debe generalizarse entre los Estados miembros de la UE. Incluso si un Estado miembro decide unilateralmente aceptar excepcionalmente la matriculación y circulación de nuevos vehículos equipados con dispositivos SMT1, los operadores de transporte pueden ser multados si cruzan las fronteras de los Estados miembros adoptando un enfoque diferente.

Le adjuntamos la carta enviada por la Dirección General de Transporte Terrestre donde se formaliza la decisión de conceder un periodo de gracia en territorio español. Como podrá ver en la carta, los transportistas no tienen que hacer nada al respecto, los responsables de la DGT ya se han puesto de acuerdo con los fabricantes para continuar con el procedimiento.

Un punto positivo es que hace unos días Stoneridge recibió la aprobación final y ahora está entregando la versión 2 del tacógrafo inteligente a sus clientes a toda velocidad, junto con Continental. Sin embargo, los atrasos de material ya se han acumulado y deben cubrirse además de la producción actual. Incluso en los casos en los que ya se fabrican tacógrafos, el proceso de envío de los dispositivos desde los almacenes de los fabricantes de tacógrafos a las empresas que ensamblan los tacógrafos en los vehículos, que finaliza con la instalación real, puede llevar una cantidad de tiempo considerable.

Según la información que IRU ha recopilado de múltiples partes interesadas, la acumulación ya supera los 20,000 vehículos. En total, durante los próximos meses, estiman que entre 20.000 y 40.000 vehículos se verán afectados por importantes retrasos en la entrega de dispositivos SMT2. Múltiples fuentes han informado a IRU que la instalación de dispositivos SMT2 en vehículos nuevos no se regularizará hasta finales de 2023.

P.D. En comparación con el tacógrafo inteligente 1 (SMT1), el nuevo dispositivo incluye funciones adicionales, como un registro automático (en lugar de manual) del cruce de fronteras y la posibilidad de que los encargados de hacer cumplir la ley lean datos a distancia, lo que puede reducir el número de detenciones para los controles en la carretera y puede facilitar la vida de los conductores y los encargados de hacer cumplir la ley al enfocarse solo en los infractores frecuentes y graves. Además de comprobar el cumplimiento de las normas de tiempo de conducción y descanso, SMT2 será un instrumento clave para comprobar el cumplimiento de las normas que rigen las operaciones de cabotaje y el desplazamiento de conductores.